¿Gastar más ayuda a que nuestros niños y jóvenes aprendan más?
Es necesario saber de qué manera se utilizan los recursos de los mexicanos en materia educativa, y así conocer el impacto de estos recursos en la mejora de la educación, para concretar o malograr el derecho de nuestros niños y jóvenes a recibir una educación de calidad.
En primer lugar, sostenemos que, desde una perspectiva
de derechos es crucial concentrarse en el
gasto efectivo, más allá del presupuesto oficial. Aplicar financiamiento igual para
condiciones desiguales tiene el mal efecto de cristalizar la
segmentación social; ello deteriora tanto el ejercicio del
derecho como la disponibilidad total de talento para la
sociedad en su conjunto.
No sólo nuestro sistema es frágil e incompleto en cuanto
a la verificación oportuna y continua de la correspondencia
entre lo ejercido y lo presupuestado. El ciclo presupuestal como tal no se
cumple, y la racionalidad de la asignación es saboteada
y contradicha en la realidad.
la educación es la oportunidad vital por antonomasia,
la oportunidad de aprovechar oportunidades,
de desencadenar el potencial de cada uno y
de todos juntos. El impacto económico del cumplimiento
del derecho a la educación es positivo, de manera que el
gasto público en este sector, que es una obligación ética
en sí, también es una inversión, que da fundamento a un
círculo virtuoso de justicia y prosperidad: mejores instancias
para repartir la riqueza y mayor riqueza para repartir.
El gasto es el principal instrumento de política pública, y
en concreto el gasto educativo –junto con el de salud
y seguridad, que sin embargo son más de resguardo y
conservación, a diferencia del educativo, que es más de
expansión y multiplicación– permite acrecentar el éxito
de toda otra política pública; la educación es la estrategia
maestra del desarrollo.
